SJM reclama una respuesta de seguridad y protección a las personas liberadas desde los CIE


El Defensor del Pueblo reitera las demandas de las organizaciones de sociedad civil que, como hizo SJM, reclaman la puesta en libertad de las personas migrantes internadas en CIE al no poder proceder a la finalidad de expulsión por la que se dicta su internamiento. La situación de las personas privadas de libertad, como sucede en CIE, es de especial vulnerabilidad ante la situación de emergencia sanitaria en la que se encuentra el Estado.

La puesta en libertad debe asegurar, según señala el Defensor del Pueblo, las medidas de seguridad y salud impuestas en el Estado de Alarma que el Gobierno decretó la pasada semana. Es preocupante que la liberación desde algunos centros no se lleve a cabo con las garantías de protección necesarias para las personas internas.

El Defensor señala en su comunicación que se han adoptado acciones conjuntas por parte de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y la Secretaría de Estado de Migraciones para que las personas sean derivadas (desde los CIE) a los recursos correspondientes según su situación personal, evitando escenarios de exclusión social. Se derivará:

Al sistema de acogida humanitaria a aquellas personas procedentes de patera y aquellas que han solicitado protección internacional.

A los servicios sociales municipales a aquellos que no cumplen ese perfil, pero no cuentan con recursos propios en la ciudad.

A todos aquellos que tengan domicilio en España, están haciendo las gestiones para facilitar el regreso a sus residencias de origen.

A través del acompañamiento que se brinda desde el SJM se está prestando atención a la aplicación de las actuaciones mencionadas en los distintos centros . Sin embargo, preocupa que no se garantice de manera efectiva la aplicación de estas medidas en todas las localidades debido a la a disparidad de criterios de actuación entre los distintos centros, dejando a personas en situaciones de extrema vulnerabilidad.

Una vez más apelamos al cese del internamiento y cierre de los CIE tras comprobar la falta de estrategias homogéneas que garanticen derechos en dichas instituciones, donde se perpetúan la vulneración de derechos y la desprotección de las personas que se ven afectadas por esta medida desproporcionada.

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