Las entidades afectadas por las ayudas del Instituto Andaluz de la Mujer claman una solución


El cambio de criterio, llevado a cabo el pasado 27 de diciembre desde la Intervención delegada de la Junta de Andalucía ha provocado que los 4 millones que el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) suele conceder a proyectos dirigidos a luchar contra la violencia de género, contra la exclusión social sufrida por las mujeres y a fomentar la participación de la mujer, se concediese financiando la totalidad de los proyectos con mayor puntuación contradiciendo el primer reparto que se comunicó en octubre y que repartía el crédito entre más proyectos y ONG.

Este cambio de criterio ha supuesto que un total de 241 ONGs no recibirán este año los fondos públicos necesarios para su funcionamiento comprometiendo el desarrollo de sus proyectos que benefician a miles de mujeres en Andalucía. También deja sin cobertura de asistencia y participación a muchas zonas de la Comunidad andaluza, especialmente zonas rurales y en algunos casos, hasta provincias enteras se quedan sin ningún proyecto aprobado en estas líneas.

En concreto en la provincia de Cádiz, las asociaciones que desarrollan estos proyectos denuncian que hasta 39 entidades han sido perjudicadas por esta medida en esta provincia. Estas entidades, organizadas y reunidas el pasado viernes han decidido emprender acciones colectivas junto con entidades de otras provincias poniendo de manifiesto que, si bien este cambio de criterio tiene unas consecuencias colectivas, las explicaciones y posibles alternativas brindadas por parte de la Administración también deberían ser colectivas y no de manera individualizada como se está proponiendo desde las delegadas del IAM en las diferentes provincias.

Por otro lado, ponen de relieve la urgente necesidad de un cambio en las bases reguladoras de la subvención que deje más clara la interpretación del modo de asignación de los fondos según las opciones que permite la Ley 38/2003 del 17 de noviembre, General de Subvenciones que garantice volver a un modelo más equitativo similar al aplicado hasta el año pasado.

A su vez, ponen en duda que la interpretación que se ha hecho del término “prorrateo” sea el correcto por parte de la intervención delegada, por lo que no descartan emprender las acciones oportunas a ese respecto en los que ya están trabajando algunos equipos jurídicos.

Las entidades manifiestan su rechazo y reclaman a la Consejería de Igualdad una solución que corrija el perjuicio causado teniendo en cuenta que estas subvenciones se aplican con carácter retroactivo. En la mayoría de los casos es un dinero que las entidades ya han gastado e invertido puesto que eran fondos aplicados a actuaciones realizadas durante el año 2019, lo que deja a muchas de ellas en una situación muy complicada para su subsistencia. Por esta razón abogan por una aplicación del criterio anterior hasta que se clarifique en las bases la manera correcta el modo de reparto de los fondos.

Las entidades anuncian acciones conjuntas a nivel provincial y en conjunto con entidades de toda Andalucía que irán en la línea de la búsqueda de soluciones técnicas y políticas encaminadas a que la sociedad andaluza conozca por parte de las propias ONGs cuál es el problema creado a raíz de esta situación y destinadas a minimizar el oportunismo partidista e ideológico con el que determinados partidos o sectores de la sociedad están tratando este asunto.

Por esta razón pedimos una implicación especial de los medios de comunicación en dar voz a las entidades que trabajan en primera línea, atendiendo a mujeres en situaciones gravísimas así como a sus hijos e hijas menores. Por esta razón el próximo 15 de enero, las entidades de Cádiz participarán en un encuentro con el tejido asociativo de toda Andalucía que se han visto afectadas. La reunión se celebra en Córdoba.

Los proyectos desarrollados por las entidades perjudicadas se centran en la atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión social y abarcan desde programas para mujeres migrantes, mujeres reclusas y exreclusas, madres jóvenes en situación de riesgo social, programas para mujeres prostituidas y víctimas de trata con fines de explotación sexual, mujeres en situación de adicción, programas de atención jurídica integral a mujeres víctimas de violencia económica, programas de inserción laboral y un largo etc.

Según datos de 2019 de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A), Andalucía concentra el 26,3% de las personas en riesgo de pobreza o exclusión social en España, es decir, más de una de cada cuatro. Esto es más preocupante cuando ponemos el foco en la mujer, subiendo la tasa de pobreza al 38,9% de las andaluzas, dos puntos porcentuales por encima de los datos del mismo informe del año pasado.

En este contexto las asociaciones que desarrollan sus proyectos en la provincia de Cádiz señalan su preocupación por esta última consecuencia, por encima de la supervivencia de dichas organizaciones, repercute en la vida de miles de mujeres beneficiarias y en el empeoramiento general de las condiciones de vida de la mujer en Andalucía.

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